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La noticia llega a través de la asesoría jurídica de la Fundación Tripartita, que se basa en una sentencia del Tribunal Supremo y la Reforma Laboral.
Según informan los compañeros de AENOA, la Fundación Tripartita considera que la formación del CAP de los trabajadores del sector de transporte de viajeros por carretera incide directamente en la actividad que desempeña el empleado en su puesto, consituyéndose en un deber que se fundamenta en el contrato de trabajo, con lo que debe entrar en la esfera de las acciones formativas de la empresa y no en la esfera individual de cada trabajador.
Con este argumento quedan fuera del sistema de PIF todas las acciones formativas de CAP que realicen trabajadores que están obligados a ello por el puesto de trabajo que desempeñan.
Los trabajadores que no estén obligados a obtener esta certificación y realicen el curso para mejorar su empleabilidad o desarrollarse profesionalmente, sí podrán realizar esta formación a través del PIF.
Personalmente veo lógico que, si para seguir desempeñando un puesto de trabajo determinado se necesita formar a los trabajadores, sea la propia empresa la que sufrague esta formación. No olvidemos que la empresa podrá acogerse a la formación de demanda (bonificable).
El espíritu del PIF no es el del doble beneficio para la empresa: el trabajador hace y paga el curso y yo como empresa me deduzco sus costes salariales. A mi modo de ver el PIF está encaminado a que el trabajador pueda seguir formándose y mejorando profesional y personalmente sin que la empresa se vea perjudicada económicamente.
Me parece una medida acertada que puede perjudicar a muchas empresas de formación del sector pero que, a la larga, va en la línea de evitar el fraude y mejorar la calidad y profesionalidad del sector. Veremos en qué queda todo y no se tenga que devolver lo bonificado...
Un abrazo.
